INFORME 2012 SOBRE TRATA DE PERSONAS
Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas
ARGENTINA (Categoría 2)
Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Muchas de las víctimas de la trata con fines de
explotación sexual provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la
prostitución en centros urbanos o provincias más prósperas del centro y sur del país. Gran cantidad de
mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú y en menor grado, de Brasil y
República Dominicana son forzados a ejercer la prostitución en Argentina. Gran cantidad de ciudadanos
bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte
del país son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agrícolas y servicio
doméstico. Funcionarios informaron que en la Capital Federal podrían existir algunas víctimas de la trata
con fines de explotación laboral para la venta callejera y pedido de limosnas. Argentina es un país de
tránsito para mujeres y niñas extranjeras víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Chile,
Brasil, México y Europa Occidental. Asimismo, algunas mujeres y niñas argentinas han sido víctimas de la
trata con fines de explotación sexual en otros países. Funcionarios argentinos informaron que en 2011, la
cantidad identificada de víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso fue tres veces mayor que la
cantidad de víctimas con fines de explotación sexual identificadas durante el mismo año.
El gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de
personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido. Durante el año pasado, el
gobierno de Argentina informó haber identificado un número récord de víctimas de la trata, cuya mayoría
eran personas extranjeras sometidas a trabajo forzado. Se incrementaron las acciones judiciales y
condenas de los tratantes y se diseñaron numerosos protocolos y pautas contra la trata de personas
destinados a distintos actores del gobierno. El gobierno de Argentina subvencionó cinco refugios para las
víctimas de la trata, uno de los cuales recibió fondos del gobierno federal y el resto, recibió recursos de las
autoridades provinciales o municipales. No obstante ello, los servicios especializados para las víctimas de
la trata continúan siendo dispares en todo el país; la superposición de competencias y la falta de
coordinación entre las autoridades federales y provinciales causaron demoras en algunas investigaciones
y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta complicidad de algunos
funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impidieron avances más sustantivos en la lucha
contra la trata.Recomendaciones para Argentina: Continuar implementando enérgicamente la nueva ley para combatir
la trata de personas a través de mayores esfuerzos de investigación, procesamiento y condenas a los
tratantes, incluidos los funcionarios públicos que puedan ser cómplices de este delito; destinar más
recursos para la asistencia a las víctimas, especialmente refugios y servicios especializados a nivel
nacional y provincial y en colaboración con las ONG; continuar con las capacitaciones en materia de trata
para agentes de seguridad, personal judicial y demás funcionarios públicos; desarrollar e implementar
protocolos para funcionarios a nivel provincial/municipal a fin de identificar y asistir a las víctimas de la
trata; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular las redes de trata, investigando los
activos relacionados con este delito; continuar aumentando la cantidad de investigaciones relacionadas
con los delitos de trabajo forzoso y sometimiento a la servidumbre doméstica en zonas rurales y urbanas y
hacer judicialmente responsables a las empresas cuyas cadenas de abastecimiento se benefician del
trabajo forzado; continuar fortaleciendo la coordinación en materia de trata entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales y entre los diversos actores a nivel nacional, posiblemente, mediante el desarrollo
de un plan nacional contra la trata de personas y continuar los esfuerzos a nivel nacional para concientizar
sobre todas las formas de trata.
Persecución penal
El año pasado, el gobierno de Argentina aumentó los esfuerzos de aplicación y cumplimiento de la ley para
combatir la trata de personas, especialmente a través del aumento en las acciones penales y condenas; si
bien las ONG, los medios y algunos funcionarios siguieron informando niveles significativos de complicidad
no abordados en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales.
Argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la Ley 26.364, que establece penas privativas de la
libertad que van de tres a quince años. Dichas penas son lo suficientemente severas y equivalentes o
superiores a las previstas para otros delitos graves como la violación. La actual ley de combate de la trata
no establece expresamente que el consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad sea
irrelevante, aún cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción. El Senado aprobó una enmienda de
dicha ley durante el presente año, que contempla, inter alia, el tema del consentimiento inicial de la
víctima. A fin de año, dicha enmienda se encontraba a la espera de aprobación por parte de la Cámara de
Diputados. Esta propuesta de enmienda también definía la “trata de personas” como el componente inicial
de un proceso que difiere de la “explotación”, considerada el final del proceso. Esta terminología reflejó un
cambio más amplio en el uso del término “trata de personas” por parte de los funcionarios argentinos, que
es más restrictivo que la definición utilizada en el Protocolo de Naciones Unidas sobre Trata de Personas
del año 2000. Organizaciones no gubernamentales y funcionarios manifestaron que las autoridades
aplicaron con frecuencia en las investigaciones y procesamientos de casos de trata de personas con fines
de explotación sexual, leyes arcaicas relativas al uso de preservativos contra las personas que operaban
lugares que ofrecían servicios sexuales. Durante el período que abarca el presente informe, las autoridades continuaron con investigaciones
importantes sobre delitos relacionados con el trabajo forzado. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad
trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de
Personas durante los allanamientos. En 2011, las autoridades realizaron 196 investigaciones preliminares
y a fines de 2011, existían 167 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país. Durante el
período del presente informe, la Justicia logró condenar a 19 personas relacionadas con el delito de trata
de personas, dentro de las cuales se encontraban tres tratantes que explotaban laboralmente a víctimas
bolivianas en talleres clandestinos que recibieron penas privativas de la libertad de 2 a 17 años. Con
respecto al año 2010, las autoridades informaron 15 condenas por trata de personas con fines de
explotación sexual y ninguna condena por trata con fines de explotación laboral.
Organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno destacaron los esfuerzos significativos
llevados a cabo por el nuevo Ministerio de Seguridad, creado en diciembre de 2010, para coordinar los
esfuerzos de distintos organismos nacionales de aplicación de la ley, crear un sistema de base de datos
para los delitos de trata de personas e implementar protocolos con otros ministerios para fortalecer la
colaboración a nivel nacional. El gobierno nacional mantuvo la oficina Unidad Fiscal de Asistencia en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) dependiente del Ministerio Público Fiscal, que
también interviene en acciones penales derivadas de secuestros. La UFASE coordinó este trabajo con las
unidades anti-trata de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Asimismo, al menos 10 provincias
mantuvieron sus propias unidades especializadas de aplicación de la ley para investigar delitos
relacionados con la trata de personas. Algunas organizaciones no gubernamentales informaron que la
coordinación a nivel provincial entre funcionarios de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales fue
débil en algunos casos. Si bien el delito de la trata continuó siendo un delito federal, algunos casos de trata
fueron investigados o procesados a nivel provincial en virtud de otras leyes tales como las que penalizan la
servidumbre o la promoción de la prostitución, debido a la falta de conocimiento o al deseo de impulsar
casos a nivel local y dichos casos no fueron transferidos a las autoridades federales pertinentes. Algunos
funcionarios y organizaciones no gubernamentales manifestaron que se producen demoras significativas
por confusión respecto de cuál es la autoridad con jurisdicción en cada caso y en algunas causas se
desecharon pruebas durante el proceso. El gobierno continuó brindando a los trabajadores sociales,
funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, capacitación para combatir la trata de personas; en
ocasiones, junto a organizaciones internacionales. Durante el año, la Procuraduría General de la Nación
emitió pautas detalladas sobre la forma de investigar casos de trata de personas con fines de explotación
laboral y el Ministerio de Seguridad estableció procedimientos escritos para las fuerzas de seguridad
nacionales sobre la forma de conducir investigaciones relacionadas con casos de trata de personas.
Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios
provinciales, municipales y en menor medida, nacionales, participaron directa o indirectamente en delitos
de trata de personas. Presuntamente, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas
con la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral o advierten a los propietarios de
burdeles sobre allanamientos inminentes y se presume que algunos jueces no investigaron en forma
adecuada los indicios de complicidad oficial en casos de trata de personas. Las autoridades continuaron investigando a 75 funcionarios de la Policía Federal removidos de sus cargos por complicidad en casos de
trata y el ex jefe de la unidad anti-trata de la policía siguió bajo investigación por su presunta vinculación
con burdeles. Sin embargo, durante el año 2011, el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario
gubernamental involucrado en la trata de personas.
Protección
Durante el año, el gobierno informó haber identificado y asistido una cantidad record de víctimas; si bien
los servicios fueron dispares en todo el país. Varias organizaciones no gubernamentales y algunos
funcionarios manifestaron que los recursos destinados por el gobierno a la protección de las víctimas de la
trata parecieron ser insuficientes en comparación con la gran cantidad de víctimas identificadas. Algunas
ONG manifestaron que algunos funcionarios caratularon erróneamente casos de explotación laboral como
trata de personas. El Ministerio de Seguridad informó la identificación de alrededor de 1.000 víctimas,
muchas de las cuales eran ciudadanos adultos bolivianos y paraguayos explotados bajo la modalidad de
trabajo forzado. Por el contrario, en años anteriores, las autoridades identificaron más víctimas de la trata
con fines de explotación sexual que de trabajo forzado. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas que posee un equipo interdisciplinario en Buenos Aires, tomó las
declaraciones iniciales de las víctimas, generalmente dentro de la semana posterior a su identificación e
informó haber prestado servicios de emergencia posteriores al rescate a algunas de las víctimas de la trata
tales como asesoramiento legal, atención médica y psicológica. Dicha oficina informó a la prensa la
asistencia a 1.597 víctimas de la trata de personas durante el 2011. Sin embargo la Relatora Especial y
otros funcionarios puntualizaron que esta cantidad representaba el número total de personas encontradas
en allanamientos, no sólo las víctimas y las ONG brindaron opiniones diversas sobre la efectividad de la
oficina e inclusive algunas afirmaron que utilizó procedimientos viciados para entrevistar a las víctimas.
Según las organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios, la calidad y nivel de asistencia a las
víctimas variaron según la provincia y la mayoría de estas no disponían de recursos asignados para
brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas, especialmente de las víctimas de la trata con
fines de explotación laboral. Después de la declaración inicial de las víctimas, la Secretaría para la Niñez,
Adolescencia y Familia (SENAF) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social fue responsable de
brindar asistencia posterior al rescate en colaboración con las autoridades provinciales. Sin embargo, los
servicios especializados y los esfuerzos de reintegración fueron limitados. La SENAF informó haber
asistido a 134 víctimas en forma directa y a más de 500 en colaboración con otros organismos
provinciales, de las cuales el 63 % decidió regresar a su país de origen mientras que sólo el 3% decidió
permanecer en el país y solicitó asistencia de la SENAF. Las autoridades no informaron qué servicios
específicos fueron ofrecidos o recibieron las víctimas por parte de la SENAF y algunos funcionarios y ONG
manifestaron que, con frecuencia, los mecanismos de asistencia a las víctimas no fueron claros. Tampoco
estuvo claro en qué medida las víctimas extranjeras fueron informadas plenamente de sus opciones antes
de ser repatriadas. Sólo el 5% de las víctimas asistidas eran argentinas. Las organizaciones no
gubernamentales manifestaron que ciertas prácticas del gobierno nacional que determina la repatriación rápida de las víctimas a su país o provincia de origen no siempre redundaron en el mejor interés de las
víctimas y afirmaron que las entidades nacionales no derivan a las víctimas en forma sistemática a los
servicios especializados en sus comunidades de origen. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas mantuvo un refugio en la capital para brindar asistencia temporaria a las
víctimas de la trata de personas antes de brindar su declaración inicial, si bien no fue claro cuántas de las
víctimas identificadas durante el año permanecieron en este refugio o dónde fueron alojadas
inmediatamente después de los allanamientos. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales
mantuvieron cinco refugios para mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual en
todo el país, algunos junto a una organización civil. En áreas sin estos refugios especializados, las
víctimas de la trata pudieron ser derivadas a refugios administrados por el gobierno para víctimas de
violencia doméstica o niños en riesgo, si bien no estuvo claro si las víctimas recibieron asistencia en estas
instituciones durante el período que abarca el presente informe. Las autoridades argentinas alentaron a las
víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes y algunas víctimas
lo hicieron durante el año. No hubo informes específicos sobre víctimas identificadas que fueran privadas
de su libertad o penalizadas por cometer actos ilícitos en relación directa con la trata. Durante el período
cubierto por este informe, las autoridades informaron haber otorgado residencia temporaria a algunas
víctimas extranjeras. La política de inmigración argentina contempla la posibilidad de otorgar residencia
permanente, si bien esta disposición no se aplica solamente a los casos de trata y no hubo datos precisos
de la cantidad de víctimas extranjeras que recibieron estos permisos de residencia durante el año. El
gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada.
Prevención
El gobierno de Argentina sostuvo actividades de prevención durante el año. La Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación lideró dos reuniones interministeriales informales por semana. Sin embargo las
organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios afirmaron que la coordinación deficiente entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguió obstaculizando la efectividad de los esfuerzos para
combatir la trata de personas como así también la limitada o inexistente financiación para iniciativas
provinciales y municipales contra la trata. Las autoridades informaron la financiación de esfuerzos de
concientización pública que incluyeron anuncios de servicios públicos relacionados con la trata de
personas, difundidos en micros de larga distancia o por televisión.
La UFASE publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2011. En julio de 2011, la
Presidenta emitió un decreto que prohíbe los avisos clasificados de servicios sexuales en periódicos y
revistas y creó una oficina de monitoreo para asegurar el cumplimiento de dicha prohibición. Algunas
organizaciones no gubernamentales y medios declararon que dicho decreto era inconstitucional dado que
la prostitución seguía siendo legal en Argentina. En un esfuerzo por prevenir el uso del trabajo forzado, la
provincia de Mendoza aprobó una ley que prohíbe a las empresas en las que se haya comprobado que
emplean trabajo infantil o utilizan trabajo esclavo acogerse a beneficios impositivos, económicos,
financieros o de cualquier tipo ofrecidos por la provincia, durante un período de dos años. Las ONG continuaron informando algunos casos aislados de turismo sexual infantil, si bien no se registraron
investigaciones ni procesamientos por este tipo de delito. El gobierno no informó haber brindado
capacitación para combatir la trata a tropas argentinas previo a su despliegue en el extranjero en
operaciones internacionales de mantenimiento de la paz
Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas
ARGENTINA (Categoría 2)
Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Muchas de las víctimas de la trata con fines de
explotación sexual provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la
prostitución en centros urbanos o provincias más prósperas del centro y sur del país. Gran cantidad de
mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú y en menor grado, de Brasil y
República Dominicana son forzados a ejercer la prostitución en Argentina. Gran cantidad de ciudadanos
bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte
del país son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agrícolas y servicio
doméstico. Funcionarios informaron que en la Capital Federal podrían existir algunas víctimas de la trata
con fines de explotación laboral para la venta callejera y pedido de limosnas. Argentina es un país de
tránsito para mujeres y niñas extranjeras víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Chile,
Brasil, México y Europa Occidental. Asimismo, algunas mujeres y niñas argentinas han sido víctimas de la
trata con fines de explotación sexual en otros países. Funcionarios argentinos informaron que en 2011, la
cantidad identificada de víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso fue tres veces mayor que la
cantidad de víctimas con fines de explotación sexual identificadas durante el mismo año.
El gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de
personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido. Durante el año pasado, el
gobierno de Argentina informó haber identificado un número récord de víctimas de la trata, cuya mayoría
eran personas extranjeras sometidas a trabajo forzado. Se incrementaron las acciones judiciales y
condenas de los tratantes y se diseñaron numerosos protocolos y pautas contra la trata de personas
destinados a distintos actores del gobierno. El gobierno de Argentina subvencionó cinco refugios para las
víctimas de la trata, uno de los cuales recibió fondos del gobierno federal y el resto, recibió recursos de las
autoridades provinciales o municipales. No obstante ello, los servicios especializados para las víctimas de
la trata continúan siendo dispares en todo el país; la superposición de competencias y la falta de
coordinación entre las autoridades federales y provinciales causaron demoras en algunas investigaciones
y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta complicidad de algunos
funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impidieron avances más sustantivos en la lucha
contra la trata.Recomendaciones para Argentina: Continuar implementando enérgicamente la nueva ley para combatir
la trata de personas a través de mayores esfuerzos de investigación, procesamiento y condenas a los
tratantes, incluidos los funcionarios públicos que puedan ser cómplices de este delito; destinar más
recursos para la asistencia a las víctimas, especialmente refugios y servicios especializados a nivel
nacional y provincial y en colaboración con las ONG; continuar con las capacitaciones en materia de trata
para agentes de seguridad, personal judicial y demás funcionarios públicos; desarrollar e implementar
protocolos para funcionarios a nivel provincial/municipal a fin de identificar y asistir a las víctimas de la
trata; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular las redes de trata, investigando los
activos relacionados con este delito; continuar aumentando la cantidad de investigaciones relacionadas
con los delitos de trabajo forzoso y sometimiento a la servidumbre doméstica en zonas rurales y urbanas y
hacer judicialmente responsables a las empresas cuyas cadenas de abastecimiento se benefician del
trabajo forzado; continuar fortaleciendo la coordinación en materia de trata entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales y entre los diversos actores a nivel nacional, posiblemente, mediante el desarrollo
de un plan nacional contra la trata de personas y continuar los esfuerzos a nivel nacional para concientizar
sobre todas las formas de trata.
Persecución penal
El año pasado, el gobierno de Argentina aumentó los esfuerzos de aplicación y cumplimiento de la ley para
combatir la trata de personas, especialmente a través del aumento en las acciones penales y condenas; si
bien las ONG, los medios y algunos funcionarios siguieron informando niveles significativos de complicidad
no abordados en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales.
Argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la Ley 26.364, que establece penas privativas de la
libertad que van de tres a quince años. Dichas penas son lo suficientemente severas y equivalentes o
superiores a las previstas para otros delitos graves como la violación. La actual ley de combate de la trata
no establece expresamente que el consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad sea
irrelevante, aún cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción. El Senado aprobó una enmienda de
dicha ley durante el presente año, que contempla, inter alia, el tema del consentimiento inicial de la
víctima. A fin de año, dicha enmienda se encontraba a la espera de aprobación por parte de la Cámara de
Diputados. Esta propuesta de enmienda también definía la “trata de personas” como el componente inicial
de un proceso que difiere de la “explotación”, considerada el final del proceso. Esta terminología reflejó un
cambio más amplio en el uso del término “trata de personas” por parte de los funcionarios argentinos, que
es más restrictivo que la definición utilizada en el Protocolo de Naciones Unidas sobre Trata de Personas
del año 2000. Organizaciones no gubernamentales y funcionarios manifestaron que las autoridades
aplicaron con frecuencia en las investigaciones y procesamientos de casos de trata de personas con fines
de explotación sexual, leyes arcaicas relativas al uso de preservativos contra las personas que operaban
lugares que ofrecían servicios sexuales. Durante el período que abarca el presente informe, las autoridades continuaron con investigaciones
importantes sobre delitos relacionados con el trabajo forzado. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad
trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de
Personas durante los allanamientos. En 2011, las autoridades realizaron 196 investigaciones preliminares
y a fines de 2011, existían 167 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país. Durante el
período del presente informe, la Justicia logró condenar a 19 personas relacionadas con el delito de trata
de personas, dentro de las cuales se encontraban tres tratantes que explotaban laboralmente a víctimas
bolivianas en talleres clandestinos que recibieron penas privativas de la libertad de 2 a 17 años. Con
respecto al año 2010, las autoridades informaron 15 condenas por trata de personas con fines de
explotación sexual y ninguna condena por trata con fines de explotación laboral.
Organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno destacaron los esfuerzos significativos
llevados a cabo por el nuevo Ministerio de Seguridad, creado en diciembre de 2010, para coordinar los
esfuerzos de distintos organismos nacionales de aplicación de la ley, crear un sistema de base de datos
para los delitos de trata de personas e implementar protocolos con otros ministerios para fortalecer la
colaboración a nivel nacional. El gobierno nacional mantuvo la oficina Unidad Fiscal de Asistencia en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) dependiente del Ministerio Público Fiscal, que
también interviene en acciones penales derivadas de secuestros. La UFASE coordinó este trabajo con las
unidades anti-trata de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Asimismo, al menos 10 provincias
mantuvieron sus propias unidades especializadas de aplicación de la ley para investigar delitos
relacionados con la trata de personas. Algunas organizaciones no gubernamentales informaron que la
coordinación a nivel provincial entre funcionarios de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales fue
débil en algunos casos. Si bien el delito de la trata continuó siendo un delito federal, algunos casos de trata
fueron investigados o procesados a nivel provincial en virtud de otras leyes tales como las que penalizan la
servidumbre o la promoción de la prostitución, debido a la falta de conocimiento o al deseo de impulsar
casos a nivel local y dichos casos no fueron transferidos a las autoridades federales pertinentes. Algunos
funcionarios y organizaciones no gubernamentales manifestaron que se producen demoras significativas
por confusión respecto de cuál es la autoridad con jurisdicción en cada caso y en algunas causas se
desecharon pruebas durante el proceso. El gobierno continuó brindando a los trabajadores sociales,
funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, capacitación para combatir la trata de personas; en
ocasiones, junto a organizaciones internacionales. Durante el año, la Procuraduría General de la Nación
emitió pautas detalladas sobre la forma de investigar casos de trata de personas con fines de explotación
laboral y el Ministerio de Seguridad estableció procedimientos escritos para las fuerzas de seguridad
nacionales sobre la forma de conducir investigaciones relacionadas con casos de trata de personas.
Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios
provinciales, municipales y en menor medida, nacionales, participaron directa o indirectamente en delitos
de trata de personas. Presuntamente, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas
con la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral o advierten a los propietarios de
burdeles sobre allanamientos inminentes y se presume que algunos jueces no investigaron en forma
adecuada los indicios de complicidad oficial en casos de trata de personas. Las autoridades continuaron investigando a 75 funcionarios de la Policía Federal removidos de sus cargos por complicidad en casos de
trata y el ex jefe de la unidad anti-trata de la policía siguió bajo investigación por su presunta vinculación
con burdeles. Sin embargo, durante el año 2011, el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario
gubernamental involucrado en la trata de personas.
Protección
Durante el año, el gobierno informó haber identificado y asistido una cantidad record de víctimas; si bien
los servicios fueron dispares en todo el país. Varias organizaciones no gubernamentales y algunos
funcionarios manifestaron que los recursos destinados por el gobierno a la protección de las víctimas de la
trata parecieron ser insuficientes en comparación con la gran cantidad de víctimas identificadas. Algunas
ONG manifestaron que algunos funcionarios caratularon erróneamente casos de explotación laboral como
trata de personas. El Ministerio de Seguridad informó la identificación de alrededor de 1.000 víctimas,
muchas de las cuales eran ciudadanos adultos bolivianos y paraguayos explotados bajo la modalidad de
trabajo forzado. Por el contrario, en años anteriores, las autoridades identificaron más víctimas de la trata
con fines de explotación sexual que de trabajo forzado. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas que posee un equipo interdisciplinario en Buenos Aires, tomó las
declaraciones iniciales de las víctimas, generalmente dentro de la semana posterior a su identificación e
informó haber prestado servicios de emergencia posteriores al rescate a algunas de las víctimas de la trata
tales como asesoramiento legal, atención médica y psicológica. Dicha oficina informó a la prensa la
asistencia a 1.597 víctimas de la trata de personas durante el 2011. Sin embargo la Relatora Especial y
otros funcionarios puntualizaron que esta cantidad representaba el número total de personas encontradas
en allanamientos, no sólo las víctimas y las ONG brindaron opiniones diversas sobre la efectividad de la
oficina e inclusive algunas afirmaron que utilizó procedimientos viciados para entrevistar a las víctimas.
Según las organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios, la calidad y nivel de asistencia a las
víctimas variaron según la provincia y la mayoría de estas no disponían de recursos asignados para
brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas, especialmente de las víctimas de la trata con
fines de explotación laboral. Después de la declaración inicial de las víctimas, la Secretaría para la Niñez,
Adolescencia y Familia (SENAF) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social fue responsable de
brindar asistencia posterior al rescate en colaboración con las autoridades provinciales. Sin embargo, los
servicios especializados y los esfuerzos de reintegración fueron limitados. La SENAF informó haber
asistido a 134 víctimas en forma directa y a más de 500 en colaboración con otros organismos
provinciales, de las cuales el 63 % decidió regresar a su país de origen mientras que sólo el 3% decidió
permanecer en el país y solicitó asistencia de la SENAF. Las autoridades no informaron qué servicios
específicos fueron ofrecidos o recibieron las víctimas por parte de la SENAF y algunos funcionarios y ONG
manifestaron que, con frecuencia, los mecanismos de asistencia a las víctimas no fueron claros. Tampoco
estuvo claro en qué medida las víctimas extranjeras fueron informadas plenamente de sus opciones antes
de ser repatriadas. Sólo el 5% de las víctimas asistidas eran argentinas. Las organizaciones no
gubernamentales manifestaron que ciertas prácticas del gobierno nacional que determina la repatriación rápida de las víctimas a su país o provincia de origen no siempre redundaron en el mejor interés de las
víctimas y afirmaron que las entidades nacionales no derivan a las víctimas en forma sistemática a los
servicios especializados en sus comunidades de origen. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas mantuvo un refugio en la capital para brindar asistencia temporaria a las
víctimas de la trata de personas antes de brindar su declaración inicial, si bien no fue claro cuántas de las
víctimas identificadas durante el año permanecieron en este refugio o dónde fueron alojadas
inmediatamente después de los allanamientos. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales
mantuvieron cinco refugios para mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual en
todo el país, algunos junto a una organización civil. En áreas sin estos refugios especializados, las
víctimas de la trata pudieron ser derivadas a refugios administrados por el gobierno para víctimas de
violencia doméstica o niños en riesgo, si bien no estuvo claro si las víctimas recibieron asistencia en estas
instituciones durante el período que abarca el presente informe. Las autoridades argentinas alentaron a las
víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes y algunas víctimas
lo hicieron durante el año. No hubo informes específicos sobre víctimas identificadas que fueran privadas
de su libertad o penalizadas por cometer actos ilícitos en relación directa con la trata. Durante el período
cubierto por este informe, las autoridades informaron haber otorgado residencia temporaria a algunas
víctimas extranjeras. La política de inmigración argentina contempla la posibilidad de otorgar residencia
permanente, si bien esta disposición no se aplica solamente a los casos de trata y no hubo datos precisos
de la cantidad de víctimas extranjeras que recibieron estos permisos de residencia durante el año. El
gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada.
Prevención
El gobierno de Argentina sostuvo actividades de prevención durante el año. La Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación lideró dos reuniones interministeriales informales por semana. Sin embargo las
organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios afirmaron que la coordinación deficiente entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguió obstaculizando la efectividad de los esfuerzos para
combatir la trata de personas como así también la limitada o inexistente financiación para iniciativas
provinciales y municipales contra la trata. Las autoridades informaron la financiación de esfuerzos de
concientización pública que incluyeron anuncios de servicios públicos relacionados con la trata de
personas, difundidos en micros de larga distancia o por televisión.
La UFASE publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2011. En julio de 2011, la
Presidenta emitió un decreto que prohíbe los avisos clasificados de servicios sexuales en periódicos y
revistas y creó una oficina de monitoreo para asegurar el cumplimiento de dicha prohibición. Algunas
organizaciones no gubernamentales y medios declararon que dicho decreto era inconstitucional dado que
la prostitución seguía siendo legal en Argentina. En un esfuerzo por prevenir el uso del trabajo forzado, la
provincia de Mendoza aprobó una ley que prohíbe a las empresas en las que se haya comprobado que
emplean trabajo infantil o utilizan trabajo esclavo acogerse a beneficios impositivos, económicos,
financieros o de cualquier tipo ofrecidos por la provincia, durante un período de dos años. Las ONG continuaron informando algunos casos aislados de turismo sexual infantil, si bien no se registraron
investigaciones ni procesamientos por este tipo de delito. El gobierno no informó haber brindado
capacitación para combatir la trata a tropas argentinas previo a su despliegue en el extranjero en
operaciones internacionales de mantenimiento de la paz
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