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martes, 4 de junio de 2013

DATOS PARA PENSAR.....

 Así viven o mueren las mujeres en América

La mitad de las mujeres ecuatorianas asesinadas en 
2008 murieron a mano de su pareja o ex pareja, 
en la mayoría de los casos en su propia casa 
(CEPAL, 2009).
En 2007, aproximadamente un 32,6% de las 
mujeres urbanas y un 34,1% de las mujeres 
rurales de 15 años de edad en adelante que no 
estudian no cuentan con ingresos propios
(CEPAL, 2009).
Casi 4 de cada 10 mujeres bolivianas sienten
 que su pareja ejerce distintas formas de 
control sobre su comportamiento, relaciones y 
vida (CEPAL, 2009).
El 67% de las mujeres mexicanas han vivido 
incidentes de violencia por parte de su pareja
 o de otras personas en su familia, en la comunidad, 
en el trabajo o en la escuela (Encuesta Nacional 
de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 
2006).
Una de cada 10 mujeres salvadoreñas ha sufrido
 violencia sexual, la mitad de ellas antes de haber
 cumplido 19 años (Encuesta Nacional de Salud
 Familiar 2008).
De los 2920 homicidios de mujeres registrados en 
Guatemala en los últimos 5 años, solamente se
 informaron 186 detenciones, lo cual equivale a
 una tasa de impunidad del 94% (CEPAL, 2009).
Se estima que 50.000 dominicanas trabajan en la 
industria del sexo, principalmente en Europa, muchas 
de las cuales podrían ser víctimas de trata internaciona
l con fines de explotación sexual (CEPAL, 2007).
23 mujeres detenidas durante un operativo policial en
 San Salvador Atenco (México) denunciaron haber 
sufrido abusos sexuales por parte de los policías que 
las custodiaban (Comisión Nacional de Derechos Humanos,
 2006).
El 36% de las mujeres en situación de desplazamiento
 en Colombia han sido forzadas a tener relaciones
 sexuales con desconocidos (Ministerio de Protección
 Social de Colombia, 2003).
Todos los actores del conflicto colombiano utilizan la 
violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres 
como estrategia de guerra (Comisión Interamericana
 de Derechos Humanos, 2006).

http://www.americalatinagenera.org/es/images/stories/tematicas/pie_contenido_6_der_recuadro.png Por terroríficas que estas cifras puedan parecer, no
 son más que la punta del iceberg que se oculta tras
 el silencio estadístico que envuelve la violación de
 derechos humanos más extendida, y sin embargo 
más tolerada e impune: la violencia contra las mujeres 
(CEPAL, 2007). Las razones de esta invisibilidad
 estadística son diversas: la renuencia de las víctimas
 a presentar denuncias; el desconocimiento y/o reticencia
 del personal sanitario y policial a registrar situaciones de 
agresiones a mujeres como casos de violencia de género;
 la debilidad de los sistemas de registro estadístico y la descoordinación y no comparabilidad entre los registros
 empleados en cada institución, etc. Esta situación hace
 que sea imposible conocer las dimensiones reales del
 problema, y darle una respuesta integral y efectiva.


En los últimos años, se están dando importantes pasos 
en la región para erradicar la violencia contra las mujeres 
(VCM). El avance más importante ha sido sacar del ámbito
 privado la violencia de género, donde era visto como un
 asunto privado y ajeno a la intervención del Estado. 
Gracias al impulso del movimiento amplio de mujeres, 
se ha llevado a la esfera pública y se empieza a situar 
como un problema social, reconociéndose que la VCM
 es una violación de los derechos humanos.

También, se ha evidenciado que la VCM supone un 
grave problema de salud pública, que compromete la 
salud física, erosiona la autoestima y el bienestar 
emocional y atenta contra la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres. Representa asimismo un freno para el
 desarrollo de los pueblos, en razón de los altos costos
 sociales y económicos que impone a las propias mujeres,
 la comunidad y el Estado. Actualmente se está empezando
 a conceptualizar la VCM como un grave problema de
 (in)seguridad ciudadana, que compromete la 
gobernabilidad democrática de las sociedades. 
Por tanto, su erradicación requiere de intervenciones 
integrales y coordinadas intra e intersectorialmente, 
que involucren a los actores estatales y la sociedad civil
 y abarquen los distintos ámbitos; educación, cultura,
 salud, seguridad, protección social, justicia, legislación 
y políticas públicas.

Definir qué es la VCM no ha sido una cuestión fácil. 
La definición más comúnmente aceptada en la actualidad
 es la establecida en la Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, aprobada por las Naciones
 Unidas en 1993, en donde se entiende por violencia 
contra la mujer: “…todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
 sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas
 de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
 la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
 en la vida privada”. Además, la declaración reconoce 
que la VCM es “una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres” y 
“uno de los mecanismos sociales fundamentales por 
los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
 respecto al hombre”. Así, permite una mejor comprensión
 de las causas y da pautas para un abordaje integral
del problema.

A nivel regional, la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
conocida como Convención de Belém do Pará (1994),
 recoge las demandas del movimiento de mujeres del 
continente y las convierte en compromisos para los Estados.
 En ella se reafirma que la raíz de la violencia son las
 relaciones desiguales de poder entre los géneros y que
 ésta incluye la violencia física, sexual y psicológica.


Todos los países de América Latina y el Caribe han
 firmado la Convención, y han ido adoptado leyes 
modificado sus códigos penales y civiles de conformidad
 con la misma. Sin embargo, la mayoría de las 
legislaciones   se centran en la violencia doméstica y
 sexual y dejan sin atender otras manifestaciones de 
la violencia; son muchos los países que todavía privilegian
la mediación y conciliación en casos de VCM, e incluso
 algunos países mantienen aún disposiciones jurídicas 
que eximen al agresor de actos de violación si contrae
 matrimonio con la víctima, o que consideran las agresiones 
sexuales como delitos contra el honor.

La mayoría de los países de la Región han formulado 
planes y programas de lucha contra la VCM. En general,
 estos programas están a cargo del Mecanismo Nacional 
de Igualdad, que coordina su implementación con los 
sectores de salud, justicia, seguridad y educación, así 
como con redes y organizaciones de mujeres. No obstante, 
el impacto de estos programas ha sido muy limitado 
debido a la falta de voluntad política, que se traduce
 en bajos presupuestos y discontinuidad de los programas; 
en la baja cobertura y calidad de los servicios 
de atención implantados; en la débil articulación interinstitucional e
 intersectorial; en la ausencia de auténticas políticas 
nacionales de prevención y en la atención marginal 
prestada al empoderamiento y promoción de la 
autonomía de las mujeres (CEPAL, 2007).

Las políticas y acciones impulsadas por instituciones 
gubernamentales y la sociedad civil, para mejorar la
 atención a las víctimas y la reparación del daño físico, 
psicológico, económico y social provocado por la violencia, 
son sin duda importantes avances. Sin embargo, sus efectos
 serán muy limitados y su carácter meramente paliativo,
 mientras no haya una voluntad firme de atacar la base 
misma del problema: la persistencia de patrones 
estereotipados de masculinidad y feminidad que 
otorgan a los hombres derechos de control sobre 
las mujeres y naturalizan el ejercicio de la violencia.