Así viven o
mueren las mujeres en América
La mitad de
las mujeres ecuatorianas asesinadas en
2008
murieron a mano de su pareja o ex pareja,
en la
mayoría de los casos en su propia casa
(CEPAL,
2009).
En 2007,
aproximadamente un 32,6% de las
mujeres
urbanas y un 34,1% de las mujeres
rurales de
15 años de edad en adelante que no
estudian no
cuentan con ingresos propios
(CEPAL,
2009).
Casi 4 de
cada 10 mujeres bolivianas sienten
que
su pareja ejerce distintas formas de
control
sobre su comportamiento, relaciones y
vida
(CEPAL, 2009).
El 67% de
las mujeres mexicanas han vivido
incidentes
de violencia por parte de su pareja
o de
otras personas en su familia, en la comunidad,
en el
trabajo o en la escuela (Encuesta Nacional
de la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares,
2006).
Una de cada
10 mujeres salvadoreñas ha sufrido
violencia
sexual, la mitad de ellas antes de haber
cumplido
19 años (Encuesta Nacional de Salud
Familiar
2008).
De los 2920
homicidios de mujeres registrados en
Guatemala
en los últimos 5 años, solamente se
informaron
186 detenciones, lo cual equivale a
una
tasa de impunidad del 94% (CEPAL, 2009).
Se estima
que 50.000 dominicanas trabajan en la
industria
del sexo, principalmente en Europa, muchas
de las
cuales podrían ser víctimas de trata internaciona
l con fines
de explotación sexual (CEPAL, 2007).
23 mujeres
detenidas durante un operativo policial en
San
Salvador Atenco (México) denunciaron haber
sufrido
abusos sexuales por parte de los policías que
las
custodiaban (Comisión Nacional de Derechos Humanos,
2006).
El 36% de
las mujeres en situación de desplazamiento
en
Colombia han sido forzadas a tener relaciones
sexuales
con desconocidos (Ministerio de Protección
Social
de Colombia, 2003).
Todos los
actores del conflicto colombiano utilizan la
violencia
física, psicológica y sexual contra las mujeres
como
estrategia de guerra (Comisión Interamericana
de
Derechos Humanos, 2006).
Por
terroríficas que estas cifras puedan parecer, no
son
más que la punta del iceberg que se oculta tras
el
silencio estadístico que envuelve la violación de
derechos
humanos más extendida, y sin embargo
más
tolerada e impune: la violencia contra las mujeres
(CEPAL,
2007). Las razones de esta invisibilidad
estadística
son diversas: la renuencia de las víctimas
a
presentar denuncias; el desconocimiento y/o reticencia
del
personal sanitario y policial a registrar situaciones de
agresiones
a mujeres como casos de violencia de género;
la
debilidad de los sistemas de registro estadístico y la descoordinación y no
comparabilidad entre los registros
empleados
en cada institución, etc. Esta situación hace
que
sea imposible conocer las dimensiones reales del
problema,
y darle una respuesta integral y efectiva.
En los
últimos años, se están dando importantes pasos
en la
región para erradicar la violencia contra las mujeres
(VCM). El
avance más importante ha sido sacar del ámbito
privado
la violencia de género, donde era visto como un
asunto
privado y ajeno a la intervención del Estado.
Gracias al
impulso del movimiento amplio de mujeres,
se ha
llevado a la esfera pública y se empieza a situar
como un
problema social, reconociéndose que la VCM
es
una violación de los derechos humanos.
También, se
ha evidenciado que la VCM supone un
grave
problema de salud pública, que compromete la
salud
física, erosiona la autoestima y el bienestar
emocional y
atenta contra la salud sexual y reproductiva
de las
mujeres. Representa asimismo un freno para el
desarrollo
de los pueblos, en razón de los altos costos
sociales
y económicos que impone a las propias mujeres,
la
comunidad y el Estado. Actualmente se está empezando
a
conceptualizar la VCM como un grave problema de
(in)seguridad
ciudadana, que compromete la
gobernabilidad
democrática de las sociedades.
Por tanto,
su erradicación requiere de intervenciones
integrales
y coordinadas intra e intersectorialmente,
que
involucren a los actores estatales y la sociedad civil
y
abarquen los distintos ámbitos; educación, cultura,
salud,
seguridad, protección social, justicia, legislación
y políticas
públicas.
Definir qué
es la VCM no ha sido una cuestión fácil.
La
definición más comúnmente aceptada en la actualidad
es la
establecida en la Declaración sobre la eliminación
de la
violencia contra la mujer, aprobada por las Naciones
Unidas
en 1993, en donde se entiende por violencia
contra la
mujer: “…todo acto de violencia basado en
la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como
resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual
o sicológico para la mujer, así como las amenazas
de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la
vida privada”. Además, la declaración reconoce
que la VCM
es “una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres” y
“uno de los
mecanismos sociales fundamentales por
los que se
fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto
al hombre”. Así, permite una mejor comprensión
de
las causas y da pautas para un abordaje integral
del
problema.
A nivel
regional, la Convención Interamericana para
prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
conocida
como Convención de Belém do Pará (1994),
recoge
las demandas del movimiento de mujeres del
continente
y las convierte en compromisos para los Estados.
En
ella se reafirma que la raíz de la violencia son las
relaciones
desiguales de poder entre los géneros y que
ésta
incluye la violencia física, sexual y psicológica.
Todos los
países de América Latina y el Caribe han
firmado
la Convención, y han ido adoptado leyes y
modificado
sus códigos penales y civiles de conformidad
con
la misma. Sin embargo, la mayoría de las
legislaciones
se centran en la violencia doméstica y
sexual
y dejan sin atender otras manifestaciones de
la
violencia; son muchos los países que todavía privilegian
la
mediación y conciliación en casos de VCM, e incluso
algunos
países mantienen aún disposiciones jurídicas
que eximen
al agresor de actos de violación si contrae
matrimonio
con la víctima, o que consideran las agresiones
sexuales
como delitos contra el honor.
La mayoría
de los países de la Región han formulado
planes y
programas de lucha contra la VCM. En general,
estos
programas están a cargo del Mecanismo
Nacional
de
Igualdad, que coordina su implementación con los
sectores de
salud, justicia, seguridad y educación, así
como con
redes y organizaciones de mujeres. No obstante,
el impacto
de estos programas ha sido muy limitado
debido a la
falta de voluntad política, que se traduce
en
bajos presupuestos y discontinuidad de los programas;
en la baja
cobertura y calidad de los servicios
de atención
implantados; en la débil articulación interinstitucional e
intersectorial;
en la ausencia de auténticas políticas
nacionales
de prevención y en la atención marginal
prestada al
empoderamiento y promoción de la
autonomía
de las mujeres (CEPAL, 2007).
Las
políticas y acciones impulsadas por instituciones
gubernamentales
y la sociedad civil, para mejorar la
atención
a las víctimas y la reparación del daño físico,
psicológico,
económico y social provocado por la violencia,
son sin
duda importantes avances. Sin embargo, sus efectos
serán
muy limitados y su carácter meramente paliativo,
mientras
no haya una voluntad firme de atacar la base
misma del
problema: la persistencia de patrones
estereotipados
de masculinidad y feminidad que
otorgan a
los hombres derechos de control sobre
las mujeres
y naturalizan el ejercicio de la violencia.
Por Ariel Minici,
